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La creación de trabajo precario determinará un descenso de menos de dos puntos de la tasa de exclusión frente a la situación actual, estima Save the Children
El porcentaje de infancia en riesgo de pobreza y exclusión en España apenas se reducirá en 2030 en comparación con la actualidad, a pesar de las mejoras del empleo previstas, alerta Save the Children. Esta tasa, que hoy en día afecta a un 28,3% de los niños (2,2 millones), pasará al 26,5%, según el informe El futuro donde queremos crecer, publicado este viernes.
 
 
Incluso en el mejor de los escenarios planteados —elaborados a partir de datos de Eurostat, el Banco de España, la encuesta de condiciones de vida o de la Organización Internacional del Trabajo—, las proyecciones apuntan a que más de una cuarta parte de los niños seguirá siendo pobre en la próxima década, aunque España se comprometiera hace cuatro años a erradicar la pobreza en todas sus formas en el mundo en 2030 al adherirse a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
 
 
Las mejoras del empleo ya impulsaron un descenso de la tasa de pobreza infantil en 2015 y 2016, rompiendo la tendencia al alza que caracterizó el periodo entre 2008 y 2014. De seguir con las tendencias actuales, los avances previstos para el futuro no serán suficientes para acabar con esta situación, ya que habrá más puestos de trabajo, pero precarios.
 
Si no se toman medidas para remediarlo, la infancia seguirá estando mucho más expuesta que otros grupos de edad a caer en exclusión social, señala el estudio. Tener hijos seguirá siendo un factor de riesgo, que incrementa de manera proporcional al número de niños que hay en un hogar.
"Estamos comprometiendo seriamente el desarrollo de estos niños como seres humanos y al mismo tiempo negando oportunidades a 2,2 millones de ciudadanos, condenados a la dependencia en el futuro", sostiene Andrés Conde, director de Save the Children España. "La pobreza infantil es una enfermedad crónica instalada en España en manera anómala, con la que nos hemos acostumbrado a convivir". Conde, sin embargo, asegura que se puede evitar, como demuestran las políticas llevadas a cabo con éxito en países como Alemania o el Reino Unido.
 
"Hay que abordar la pobreza infantil desde un enfoque integral, pero se necesitan voluntad y consenso político", indica Conde. "Es un problema económico que requiere soluciones económicas y España está en la cola de Europa en inversiones en políticas de familia y de infancia [1,3% del PIB]".
 
Save the Children estima que unas políticas adecuadas podrían revertir esta tendencia y reducir en más de 10 puntos los índices de pobreza (hasta el 17%) en una década. Para ello formula una enmienda a los Presupuestos Generales y pide el apoyo de las fuerzas políticas. "El debate acerca de los Presupuestos en importante, pero hay que ir más allá. Pedimos a los partidos una mirada estratégica", matiza Conde.
 
La ONG insiste en la necesidad de aumentar la prestación por hijo a cargo en un país que en la actualidad cuenta con la sexta ayuda más baja de la Unión Europea, a la par que Polonia o Bulgaria. Los Presupuestos del Gobierno para 2019, que actualmente se encuentran en tramitación parlamentaria, contemplan un incremento de esta prestación de 291 euros anuales por hijo a cargo hasta los 341.
 
Remediar este problema, según la ONG, es más barato que costear las consecuencias, por eso pide que la inversión en políticas de familia e infancia suba hasta el 2,4% del PIB. Un alza en las ayudas económicas a las familias más vulnerables de los 24,25 euros actuales a 100 al mes para cada hijo, por ejemplo, supondría una inversión anual de 0,22 puntos del PIB (2.400 millones de euros). Se trata de una cantidad mucho más reducida frente al coste que supone esta lacra, que ronda los cinco puntos del PIB español.
 
El mismo discurso vale en el ámbito de la educación. El abandono escolar temprano en España cuesta en torno a 17.000 millones de euros al año, según cálculos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Y un menor nivel educativo limita la participación en el mercado laboral y condena a menores ingresos. Save the Children, en cambio, cifra en 7.900 millones de euros el gasto para implementar políticas de refuerzo educativo, disminución de ratios alumno/profesor y aumento de la financiación para las escuelas de entornos vulnerables.